A mediados de este año, específicamente junio, los legisladores Manuel Antonio Paula, senador de la provincia Bahoruco y Edis Mateo Vázquez, por la provincia Barahona, introdujeron un proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La primera vez, fue en año 2014, y perimió en año 2015. Ahora la introdujeron de nuevo, convirtiéndose en una de las flatulencias del año 2016, principalmente cuando este proyecto de ley de manera arbitraria, calificó las reuniones de cultos como desorden de orden público.
La pieza contiene 31 artículos y el espíritu que motiva la pieza es con la finalidad de “proteger y garantizar” el ejercicio del derecho de la libertad religiosa y de cultos. Esto está muy bien. Pero resulta que en este proyecto de ley, se está considerando todo lo contrario al derecho pleno de la libertad religiosa y de cultos. Hay una marcada contradicción entre, lo que se necesita en la comunidad cristiana; y lo que, mediante este proyecto de ley se propone.
Por ejemplo: Se prohíbe ¨Ejercer por parte de los ministros violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas para el logro o realización de sus objetivos. También desviar los fines de las asociaciones y que estas pierdan o menoscaben su naturaleza religiosa. En cuanto a la doctrina, culto o congregación no podrán promover o incitar a la violencia u operar contra el orden público. Los ministros tampoco deben proferir términos en público o tomar acciones que inciten a la violencia u operen contra el orden público¨.
Esta parte del proyecto de ley, no está clara, es difusa y tiene un entramado peligroso que intenta ponerle bosar al buey que trilla. Por qué digo esto, porque el que ejerce violencia física, psicológica o moral a cualquier persona o ciudadano en nuestro país; está delinquiendo. En consecuencia, el que delinque promoviendo, motivando a la sedición o incitando a la violencia pública, y el orden público tendrá la Constitución y el Código Penal Dominicano de frente. Leyes vigentes y efectivas que escarmientan y penalizan las diferentes tipificaciones que se infrinjan.
Además, las Leyes 24-97 y 64-00 se introdujeron para reforzar al Código Penal, al Código de Procedimiento Criminal y al Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en diferentes casos y tipos de violencias incluyendo violencia del ruido.
Por lo tanto, no es necesario introducir nuevamente las mismas prohibiciones; tenemos excelentes legislaciones. A menos, que se persiga otra cosa, en contra de las iglesias y los pastores de manera discriminatoria.
El senador Mateo ha insistido con esto en dos ocasiones, y gracias a Dios no ha tenido éxito. Por lo tanto, seguirá su enojo contra la religión cristiana hasta lograr su cometido; y para el 2017 buscará la manera de volver a la carga. De manera, que hago un llamado a los líderes y pastores de la comunidad cristiana a mantener el oído puesto en la cámara del Senado para que esta ley no sea aprobada en ninguna de sus manifestaciones. Lo correcto es consultar a los diferentes grupos religiosos y consensuar en puntos comunes que beneficie a la sociedad propiamente. Y no, a sectores que odian la praxis de las iglesias cristianas.
El espíritu de este proyecto de ley busca en esencia, el empoderamiento legal y sistemático para acusar a los pastores de ejercer presión moral contra los miembros, o de desviar los fines de las asociaciones, al menoscabar la naturaleza religiosa que le dio origen de congregación. Y también, poderlos acusar de recolectar dinero de los miembros bajo el método de presión psicológica.
No se necesita una ley especial para pastores y las iglesias. Nuestra legislación es buena y contempla cualquier desliz de pastores que usan el pulpito y los medios de comunicación para delinquir. Por lo tanto, unámonos para rechazar la pieza legislativa en el 2017, por ser un atentando directo que amenaza con cerrar las congregaciones. Este proyecto de ley pretendería acallar a los pastores y reducir la influencia de la iglesia a una organización de carácter social más pequeña que un sindicato de trabajadoras domésticas.
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